David García
Reynosa, Tamaulipas.-La senadora Maki Ortiz Domínguez, lamentó abiertamente que su colega la Senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, se haya negado a opinar durante el debate en el Congreso de la Unión sobre la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como “Ley Antimemes”, y dejó en el aire una incómoda pregunta sobre el financiamiento de campañas de difamación con dinero de la delincuencia organizada.
La legisladora Maki Ortiz, votó a favor del dictamen, pero advirtió que la norma, aunque necesaria para proteger a creadores, abre la puerta a restricciones excesivas al internet, la creatividad y la libertad de expresión.
En su intervención, la legisladora reconoció que se aprobó “una ley de derechos de autor muy importante” porque “muchas veces no se respetan los derechos de autor de las personas escritoras o de los artistas, cineastas, pintores, y se utilizan sus obras o arte sin ninguna responsabilidad”, especialmente en redes sociales.
Sin embargo, señaló de inmediato los peligros: “Hay un riesgo de que realmente se limite el uso del Internet, que las plataformas sean sancionadas de una manera importante si hacen publicaciones. Somos un pueblo que nos gusta la sátira y utilizamos los memes; hay que hacerlo con cuidado, pero que no se vuelva una ley tan restringida que al final no se pueda utilizar. Hay que evitar que sea una ley que espíe a la gente para luego sancionarla o una ley que limite la libertad de la creatividad o censure a las personas”.
La reforma, impulsada por el Ejecutivo y avalada por la mayoría oficialista, establece responsabilidad secundaria para proveedores de internet y plataformas.
Les obliga a retirar contenidos que usen sin autorización obras protegidas (imágenes, voces, música, videos o materiales modificados con inteligencia artificial) y contempla multas de hasta alrededor de 4.7 millones de pesos, además de posibles suspensiones de servicio a usuarios reincidentes.
Mientras el gobierno y Morena insisten en que no se prohíben los memes ni la sátira política, la oposición y críticos advierten un efecto de autocensura: ante el temor a sanciones millonarias, las plataformas podrían eliminar preventivamente parodias, caricaturas, críticas y memes que reutilicen material protegido.
Maki Ortiz contó que, durante el posicionamiento de su partido, solicitó formalmente formular una pregunta a la senadora Olga Sosa, pero ésta no la aceptó.
La interrogante pendiente es qué piensa Sosa “de que se pidiera dinero a personas involucradas en la delincuencia organizada para pagar medios digitales o tradicionales para difamar a otras personas”.
Maki Ortiz, dejó la pregunta “para que alguien se la haga llegar” y señaló que “en algún momento dado nos contestará”.
El debate expone la tensión de fondo: proteger a artistas y creadores frente al uso no autorizado en la era digital, o abrir un mecanismo que, según sus detractores, puede convertirse en herramienta de vigilancia, retiro arbitrario de contenidos y limitación de la sátira, uno de los lenguajes más vivos de la crítica ciudadana en México.
La respuesta de la exdiputada Federal por el PRI, Olga Sosa, y la forma en que se aplique la ley, definirán si se trata de un avance legítimo o de una restricción encubierta a la libertad creativa.
