Educación sigue pagando los estragos del COVID-19

Benny Cruz Zapata.

Cd. Victoria, Tamaulipas.-Una de las problemáticas y retos que presenta la educación pública en México en general y en Tamaulipas en particular es el rezago y carencias que dejó el COVID, en donde, según datos del INEGI, en el ciclo escolar 2021 – 2022 no regresaron más de 5 millones de niños, aunado al estancamiento de la educación pública y un rezago de hasta 2 a 5 años, de acuerdo a expertos educativos y especialistas:

“De acuerdo con la crisis educativa que se está viviendo, hay que tomar en cuenta los diagnósticos realizados por especialistas para replantear y corregir el camino que ha tomado la educación pública”

Miguel Ángel Carreón Paz, Presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Tamaulipas, precisó que el 25 de mayo, a raíz de la suspensión definitiva otorgada a la UNPF para detener la impresión y distribución en todo el país de los Libros de Texto Gratuitos que no cumplen con planes y programas autorizados.

Comparte el resultado mostrado por Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), referente a la evaluación diagnóstica del ciclo escolar 2022-2023 que se dio a conocer recientemente:

“Refuerza nuestro argumento de que al no tener una estructuración adecuada para resolver los rezagos en materia de lectura y matemáticas y, el dato más revelador y preocupante es que aún con el modelo anterior, los planes y programas y sus correspondientes libros de texto, se tienen retos que superar”.

Agrega que los nuevos libros de texto, así como sus planes y programas que no están dentro de un contexto legal adecuado.

Así lo confirma también la última prueba PISA, donde en 2019, aún sin la pandemia de COVID, en los países miembros de la OCDE el promedio del porcentaje de alumnos con bajo nivel de competencia en lectura es de 23% y en México es del 45%.Con respecto a las competencias en matemáticas es de 24% para la OCDE y del 56% para México.

Carreón considera:

“Como padres de familia tenemos una seria preocupación de que las autoridades, incluso con los datos y la información oficial, no hayan tomado en cuenta para el ciclo 2023-2024, la falta de una política pública integral. Basarse en la ilegalidad tendrá un efecto negativo sin precedentes para los niños por ello, reiteramos nuestro llamado a las autoridades a rectificar el camino que aún estamos a tiempo de corregir, colaborando mediante el diálogo y acuerdos entre autoridades y padres de familia”.