CIUDAD VICTORIATAMAULIPAS

Diseñan estrategia contra la impunidad en delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos

Benny Cruz Zapata.

Cd. Victoria, Tamaulipas.-Ante la necesidad de priorizar la atención de eventos relacionados con delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, según la gravedad, nivel de incidencia y pertenencia a grupos vulnerables, Tamaulipas se suma a la estrategia para acabar con la impunidad.

En este contexto la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que personal de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, de la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto y de Violaciones a Derechos Humanos, se ha capacitado con motivo de la recomendación número 25 “Promover la adopción en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia una estrategia para combatir la impunidad para delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.

El objetivo de la capacitación fue conocer los avances y retos en la impartición de justicia en las Fiscalías y Procuradurías que la integran.

Es de destacar que entre los convenios adoptados se acordó instituir una base de datos a nivel nacional, con información estadística y de investigaciones, misma que se actualizará de manera semestral con los datos de todas las entidades y federación. Además, se estableció la creación de un directorio nacional que contenga información de contacto de las diversas áreas especializadas a nivel local y federal.

Es de destacar que, fue retomado el tema de la aplicación del Manual de Investigación de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión que ha sido difundido entre las áreas operativas a nivel nacional; y se estableció el compromiso de trabajar de manera coordinada en la creación del Protocolo para la Investigación de Delitos Cometidos Contra Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Lo anterior se realizará en coordinación a nivel nacional y estatal, con aportación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para ser aprobado en el pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

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